Egresados de Escuela Diplomática critican nombramientos en Cancillería

Por: Adonis Santiago Díaz

Santo DomingoTreinta y cinco egresados del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática se quejaron de que el canciller Miguel Vargas Maldonado no los toma en cuenta a la hora de hacer designaciones en el servicio exterior.
En documento enviado a la redacción de Diario Libre, califican de inconcebible que después de que se invirtieron miles de pesos en la formación de estos profesionales para que la República Dominicana cuente “verdaderamente con personas formadas en la carrera diplomática y consular y poner al país acorde con los nuevos tiempos, para tener un personal capacitado y que realice una buena función en el servicio exterior”.
Según los denunciantes, aun existiendo una nueva Ley del Servicio Exterior, en la Cancillería se sigue nombrando a las personas por sus apellidos, por política, “por estirpe”, hijos de periodistas, hijos de amigos, amigos de los amigos, y no se respeta lo que dice la ley.
Sin embargo, dicen que Vargas Maldonado designa a amigos y compañeros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que según dicen, no cuentan con la formación diplomática, como exige la Ley 360-13 en su artículo 39.
En esta semana se denunció que Vargas Maldonado nombró a 13 exdiputados del PRD sin ninguna formación diplomática, ni preparación en el servicio exterior.
“Estos apellidos sonoros y políticos, se pueden verificar en la lista de los nombrados en el servicio exterior por Miguel Vargas Maldonado”, dice el documento.
Agregan que del 10 por ciento que debería insertarse cada año de un nuevo personal preparado y de la lista de elegibles, los maestrenses formados sólo representan el 2.6% “y aun así los mantienen sentados en sus casas violando la ley”. Subrayan los denunciantes, cuyos nombres pidieron mantener en el anonimato, que ha sido imposible acceder al ministro de Relaciones Exteriores y a su entorno, “ya que nunca nos reciben”, pese a la petición de citas.
Citan que las instituciones públicas y privadas “no pueden estar gastando dinero en formación de personas, para luego echar ese dinero en el saco del olvido por intereses de grupos, partidos y políticos”.
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