Odebrecht lista para vender dos represas en Perú, espera visto bueno

Lima La brasileña Odebrecht está lista para vender dentro de los próximos 45 días dos importantes represas que posee en Perú como parte de su plan de desprenderse de sus proyectos en el país, dijo la firma a la AFP.
Aunque Odebrecht no precisa montos, agentes del mercado valorizan la primera de ellas, Chaglla, en la zona central del Perú, en 1.500 millones de dólares.
En la segunda, Chavimochic III (norte), cotizada en 500 millones de dólares, la brasileña participa con 70% en la construcción y con 70% en la concesión del servicio.
“En Chaglla, estamos muy avanzados, estamos negociando con varias empresas, sin exclusividad. Pero hay una de ellas con la cual prácticamente se cerró la negociación y se puede firmar el contrato de compra venta en los próximos cinco días”, dijo a la AFP Mauricio Cruz, representante de Odebrecht en Perú.
Chavimochic también está cerca de venderse, con dos firmas interesadas, “y esto puede ocurrir en 30 o 45 días”, y después de esto, está la posibilidad de vender el saldo de las autopistas Rutas de Lima (25%).
La empresa tiene un programa de venta de activos para hacer caja y enfrentar procesos judiciales, además de pagos por reparaciones civiles, luego de haber admitido el pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y otros países de América Latina, en el escándalo “Lava Jato”.
Otra operación de venta que ya se realizó fue la de la represa Olmos, también en el norte, aunque está pendiente la transferencia de acciones.
“En Perú no sería necesario vender todo (...) Pero el gobierno no quiere que Odebrecht opere esos proyectos, y estamos atendiendo el deseo del gobierno”, agregó a la AFP Cruz.
En enero, el gobierno le ejecutó una carta fianza por 262 millones de dólares, ya que Odebrecht no pudo demostrar capacidad financiera para continuar con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, valorizado en 7.000 millones de dólares.
El gobierno ha pedido a Odebrecht que se retire del país y un decreto del Ejecutivo de febrero impide contratar con el Estado a toda empresa que haya incurrido en actos de corrupción.
También obligó a que la venta de los activos de la constructora pase a un fideicomiso, para garantizar el pago de la reparación civil. La forma en que se está aplicando esta norma, según Odebrecht, le está complicando tanto sus operaciones de venta como el pago a sus proveedores.
Odebrecht ha reconocido en Perú el pago de 29 millones de dólares en sobornos a cambio de obras públicas entre 2005 y 2014, período que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Rumbo al Ciadi
El decreto ha sido un dolor de cabeza para Odebrecht en Perú.
Según recuerda la compañía, para concretar las operaciones, los interesados piden al gobierno modificaciones en la ley, cambios que actualmente el Congreso está discutiendo.
“Si el comprador no cumple estrictamente lo que está en el decreto, puede ser penalizado. Tiene que seguir instrucciones del ministerio de Justicia”, explica Cruz.
“El decreto tampoco dice que el comprador no será más adelante perseguido o su concesión será terminada, ante cualquier eventual ilícito que pueda descubrirse y que se haya cometido antes de la venta”, agrega.
La norma también ha derivado en un corte de la cadena de pagos, ya que los activos embargados a Odebrecht están inmovilizados en el fideicomiso. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello admite que se han inmovilizado unos 10 millones de soles (3,3 millones de dólares).
Odebrecht tiene deudas actualmente con 900 proveedores, por 350 millones de dólares, sin contar bancos.
Por ello, la brasileña llevó al Perú a fines de mayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para resolver el tema. Apelan primero al procedimiento de trato directo o conciliación, antes de entrar a un arbitraje.
Cruz insistió en que nunca estuvo en los planes de Odebrecht salir de proyectos públicos de Perú. Planean permanecer atendiendo clientes privados.
“El gobierno manifiesta reiteradamente su deseo de expulsar a la empresa. Estamos en un proceso de colaboración eficaz y en una reforma interna para estar sanos de corrupción (...) Perú es el único país donde la empresa va a estar prohibida de trabajar”, acotó el representante.
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