Camino precipitado a la pobreza

Julio Fontanet
Opinión

Hace varias semanas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una importante decisión en el caso de Janus v AFSCME que va a tener el efecto de debilitar significativamente los espacios que pueden utilizar los trabajadores del sector público para canalizar sus reclamos. Nuevamente, y en un relativo corto periodo de tiempo, dicho tribunal emite una segunda decisión con la que debilita a las clases media y menesterosa. Si usted pertenece a uno de esos dos sectores mencionados o, sencillamente, usted piensa que, por razones humanistas o cristianas se debe aspirar a vivir en una sociedad más equitativa y solidaria, debe sentirse sumamente preocupado.
La primera decisión fue hace ocho años. Ese tribunal, en el caso de Citizen United v Federal Election, resolvió que las corporaciones tienen el derecho constitucional a la libertad de expresión, por lo que no puede limitarse que apoyen abiertamente a los candidatos políticos de su predilección e inviertan cantidades significativas de dinero a favor de estos. Ello implica que los congresistas que apoyen legislación a favor de intereses de dichas corporaciones podrán disfrutar de anuncios o campañas de apoyo financiadas por éstas. De igual manera, aquellos congresistas o candidatos a puestos electivos que quieran fiscalizar el funcionamiento de las corporaciones, exigirles mayores responsabilidades sociales o imponerles algún tipo de contribuciones, podrían enfrentarse a millonarias campañas en su contra.
En el caso de Janus, el Tribunal Supremo resolvió que los empleados públicos que no quieran pertenecer al sindicato, o no quieran pagar sus cuotas, podrán recibir los mismos beneficios logrados por los empleados unionados que pagaron sus cuotas. El estado de derecho vigente previo a esa decisión establecía que aquellos empleados no unionados que no pagaban las cuotas de la unión y, aun así, recibían los beneficios, tenían que pagar una cuota o “fee” por los servicios prestados por la unión. Así se evitaba el enriquecimiento injusto de estos empleados (llamados “free riders”) que acceden a beneficios a costa de sus compañeros que sí pagan las cuotas
El problema con la decisión es que va a debilitar la fuerza y eficacia de los reclamos que pueden hacer los trabajadores a través de sus representantes sindicales, quienes dependen de las cuotas para poder representarlos adecuadamente en convenios colectivos, procesos de arbitraje y todo tipo de reclamo laboral frente al poder y vastos recursos de la administración. La fuerza de los reclamos de ese sector reside principalmente en la capacidad de poder negociar a nombre de todos los empleados. Divide y vencerás; así de sencillo
La decisión emitida por el tribunal es eminentemente ideológica y promueve una visión y valores particulares desde la perspectiva económica. La votación de cinco jueces republicanos frente a cuatro demócratas es prueba elocuente de ello. Que no se equivoque nadie: este caso nada tiene que ver con derechos individuales de los empleados sino con visiones y teorías económicas sobre las cuales los estadounidenses no se han expresado directamente en las urnas.
Recientemente, el reconocido intelectual norteamericano Noam Chomsky destacaba que la desigualdad ha ido en aumento en los Estados Unidos en las pasadas décadas; que ello se refleja en la mayor concentración de capital en pocas manos y en que la pobreza, incluida la desaparición de la clase media, está en aumento vertiginoso. Es decir: cada vez hay más pobres.
Precisamente, el hilo conductor de los casos mencionados es que ahora las organizaciones sindicales van a perder recursos para poder promover ideas y candidatos que tengan una agenda más social o receptiva a las necesidades de los trabajadores y de los sectores sin poder económico. Lamentablemente, a partir de la mencionada decisión sólo las corporaciones y los grandes emporios económicos podrán hacerlo y sin mucha competencia. Con los dientes afilados, comienza su temporada de caza.
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